Sociedades en convivencia; lo que está en juego

(Por Roberto Blancarte)

La aprobación de la Ley de Sociedades en Convivencia por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el pasado jueves 9 de noviembre, culmina un largo esfuerzo por garantizar ciertos derechos a individuos hasta ahora desprotegidos, en particular los homosexuales. Es claramente una victoria de las libertades contra la discriminación y la intolerancia. En el camino, la sociedad mexicana, los partidos políticos, las iglesias y muchos otros actores sociales mostraron su verdadera cara. Por ejemplo, para nadie es un secreto que un esfuerzo anterior se detuvo por la falta de interés y de voluntad política del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien habría incluso frenado él mismo la iniciativa por temor a perder el apoyo de la Iglesia católica en sus aspiraciones presidenciales. Fue necesario esperar la llegada de un momento más oportuno para aprovechar la mayoría de izquierda en la Asamblea y aprobar un estatuto jurídico que no hace más que dar garantías jurídicas a aquellas personas que, del mismo o de distinto sexo, establecen un hogar común con la voluntad de permanencia y ayuda mutua.

La ley fue aprobada por el PRD y otros partidos de izquierda, pese a la reticencia de algunos que confundieron, nuevamente, sus creencias personales, con su papel y función como representantes del pueblo. La iniciativa, sin embargo, vino del partido que desde siempre abanderó e impulsó esta causa, el de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, el cual ha tenido claro la necesidad de un Estado laico y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. La negativa en bloque del Partido Acción Nacional hace ver también de manera muy clara por qué, a pesar de todo lo que sucede en nuestro país, sigue habiendo una diferencia entre la izquierda y la derecha. Las abstenciones del Partido Verde Ecologista, más una de un perredista y otra de un diputado del PANAL no hacen más que dibujar la confusión ideológica, el temor ignorante y el oportunismo de algunos.

No es de extrañar que la iniciativa contó con el apoyo de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tienen en su agenda la eliminación de toda forma de discriminación, incluida aquella que sufren todo tipo de minorías (religiosas, sexuales, étnicas, etcétera) y más de alguna mayoría (las mujeres, por ejemplo). La nueva ley no hace más que garantizar algo que, de entrada, todas las constituciones y cartas de derechos humanos reivindican: el derecho a ser tratado con igualdad por la ley. No por ser discapacitado o discapacitada, minoría étnica, de preferencia sexual distinta a la mayoría, por ser mujer o de una convicción religiosa distinta a la hegemónica, tiene la persona menos derechos que los demás. Lo cual quiere decir que lo que hizo la Asamblea no fue más que reconocer un derecho intrínseco, que algunos todavía se esfuerzan en negar.

La nota trágica de este acontecimiento no la puso, sin embargo, la jerarquía católica, de la que se esperaba una férrea oposición, o el propio PAN, que traiciona así su credo liberal y se inclina hacia el conservadurismo católico. Lo peor vino de algunos grupos evangélicos, los cuales, olvidando que alguna vez fueron minoría sin derechos y que en cierta medida todavía luchan por la igualdad frente a la ley, ahora se erigen por razones morales contra los derechos de otras minorías. Retratan así la incapacidad de algunos para aceptar los derechos de los otros en el camino hacia una sociedad donde todos tengamos reconocidos nuestros derechos en la existencia y garantía de los derechos de los demás. Ya se les olvidó a algunos evangélicos que, con el argumento de la mayoría, se les negaban los derechos a las minorías religiosas y que así como ellos tienen derechos a la libertad de creencias y de culto, también otras minorías (sexuales, étnicas, culturales) tienen derecho a existir en plano de igualdad que las mayorías. Se les olvidó también que, en un Estado laico, la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva, supone la autonomía de lo político frente a las normas religiosas o filosóficas específicas. Es decir que la ley debe responder precisamente al interés público. Y éste pasa por el reconocimiento de la voluntad ciudadana, pero también por el respeto a los derechos de todos, minorías o mayorías.

He aquí la confusión de algunos. En este caso, en efecto, los derechos de algunas minorías fueron reconocidos por la voluntad popular. Pero podría darse que el reconocimiento de algunos derechos pase más bien por la decisión de alguna Corte judicial suprema, en virtud precisamente de que, más allá de la voluntad de la mayoría, estos derechos existen. Así por ejemplo, en Canadá el matrimonio homosexual se aprobó no por la voluntad de una mayoría en el Parlamento, sino porque las instancias judiciales de ese país reconocieron ese derecho a las minorías sexuales. En otras palabras, a pesar de que algunos no quisieran, los derechos de todos existen. Y una sociedad es más libre cuando no sólo los reconoce, sino que los garantiza, como es el caso de la Ley de Sociedades en Convivencia.